Bolivia, conflicto en Tiquipaya

il: 18 Settembre 2013

Cuatro heridos y 11 detenidos fue el resultado de la segunda jornada de paro cívico que promueven las autoridades de Tiquipaya para consolidar la propiedad de 47 hectáreas de terreno que el municipio y la constructora Consarq se disputan.

Ante esa situación, las autoridades departamentales convocaron al diálogo, sin embargo, en la segunda jornada de paro no sólo se instalaron más puntos de bloqueo, incomunicando a Tiquipaya, sino que los pobladores decidieron arremeter contra el enmallado del terreno en disputa. La Policía evitó el exceso y  se produjo el intercambio de piedras y gases lacrimógenos.

El enfrentamiento dejó cuatro personas heridas, identificadas como Jhonny Zubieta Gómez, Marco Crespo, José Luis Rodríguez y el policía Rodrigo Guachalla. Nancy Bustamante, médica de guardia del hospital de Tiquipaya, informó que el uniformado fue el más afectado al sufrir el impacto de una piedra en su boca. “Está con fractura radio cubital; los otros sólo tenían heridas leves en sus piernas, por tanto se fueron a su casa”, detalló.

El coronel Efraín Urquidi, jefe  de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), anunció que los 150 efectivos policiales destinados al resguardo de la zona en conflicto permanecerán en el lugar para evitar más excesos. Acotó que los detenidos fueron trasladados a instalaciones de la fuerza anticrimen de Quillacollo. Según el coronel Remy Ampuero, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), son ocho varones y tres mujeres que fueron remitidos al Ministerio Publico.

Los terrenos en disputa, de acuerdo con los pobladores, son predios fiscales, mientras que para el abogado de Consarq, Marcelo Araoz, éstos fueron adquiridos legalmente. Precisó que existen seis procesos penales contra dirigentes de la OTB Collpapampa y del alcalde de Tiquipaya, Saúl Cruz, por avasallar la zona insistentemente.

“En cada proceso hemos acreditado propiedad legalmente, esto está registrado en Derechos Reales y ya es hora de que la gente y el Alcalde dejen de mentir y se tranquilicen porque no queremos confrontación, queremos arreglar las cosas”, dijo Araoz.

Sin embargo, el paro cívico continúa, son varios frentes de conflicto, según Cruz. Los predios no son el único pedido de los pobladores, entre sus demandas están la ampliación de la mancha urbana hacia el Parque Tunari y la modificación de la ley que da el rango de reserva forestal.

Comunarios de Escalerani y Ch’apicirca cerraron las válvulas de agua ubicadas en la zona —la Policía intentó ingresar al sector, pero fue recibida con piedras—; demandan que Semapa cumpla con la dotación del líquido vital y de alcantarillado.

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El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, calculó el martes en más de un millón de dólares el daño económico ocasionado por el conflicto en el municipio de Tiquipaya, ya que paralizó casi una semana la construcción de una represa que se edifica en las inmediaciones de esa zona.

‘Estamos hablando de seis a siete días que alcanzaría alrededor de un millón de dólares la pérdida económica y la pérdida técnica’, dijo a los periodistas.

Un grupo de comunarios tomó la semana pasada las instalaciones del Complejo Múltiple Misicuni, en apoyo a un paro cívico en el municipio de Tiquipaya, que se disputa con la empresa Consarq una propiedad de 47 hectáreas.

Alvarado anunció una demanda penal contra los implicados por daños económicos y vejámenes, entre otros delitos.

También solicitó el resarcimiento de 150 mil dólares por cada día de perjuicio, para cancelar los sueldos de los obreros, técnicos, ingenieros y supervisores.

Se incluirá amenazas de muerte y lesiones al personal y la invasión de predios, incluyendo destrozos de una posta médica para golpear a un médico y policías en franca violación, agregó el ejecutivo de la Empresa Misicuni.

Según Alvarado, también se cuantificará el daño económico por el corte en el envío de 250 litros de agua por segundo a la ciudad de Cochabamba, durante dos días.

‘Ese es el delito más grave, porque significa una violación a nuestra Constitución Política del Estado e incluso a acuerdos internacionales y el caso de las Naciones Unidas, donde se ha aprobado que el agua es un derecho humano’, sostuvo.