En octubre de 2003, las familias que viven en El Alto y otros municipios cercanos a La Paz, la capital boliviana, sufrieron semanas de violencia extrema a manos de las fuerzas armadas del Gobierno del entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ministro de Defensa, José Carlos Sánchez Berzain. Aquel octubre, 58 bolivianos y bolivianas fueron asesinados y otros 400, heridos, cuando el Gobierno envió tropas para reprimir las protestas contra sus vilipendiados planes de exportación de gas. Entre las personas asesinadas se encontraba una niña de ocho años, Marlene Rojas, a la que alcanzó en su casa una bala disparada por un francotirador. Diez años después, en Bolivia se conoce ese mes como ‘Octubre Negro’, para conmemorar a las personas asesinadas y exigir justicia.

Hoy, diez años después, los dos hombres que son acusados de aquellas muertes viven en los Estados Unidos: Sánchez de Lozada en un suburbio de Maryland y Sánchez Berzain en Miami. Ambos están a salvo de enfrentarse a los tribunales en Bolivia, protegidos por el Gobierno estadounidense. Mientras las familias siguen llorando la muerte de sus seres queridos, los responsables de la matanza siguen paseándose con total libertad e impunidad.

Lozada y Berzain llegaron al Gobierno en 2002, con solo el 22 por ciento de los votos, pero estaban decididos a poner en marcha unas reformas económicas muy impopulares, que incluían planes de exportar gas a través de Chile. Sabiendo que el plan provocaría protestas, emitieron un decreto en que llamaban al ejército a utilizar “todos los medios necesarios” para reprimir las protestas. El Gobierno trató a su propia población como si fueran invasores extranjeros, desplegando a francotiradores militares armados con rifles de gran calibre, que se dedicaron a disparar dentro de viviendas y a perseguir y disparar a vecinos desarmados que trataban de huir a través de los campos para refugiarse en las montañas. Muchas de las personas asesinadas y heridas a consecuencia del plan no estaban participando en las protestas, o ni siquiera se encontraban cerca de ellas, en el momento en que se les disparó. La violencia solo se detuvo cuando Lozada y Berzain abandonaron el país, mientras las revueltas se extendían por todo el país y otros políticos, como el vicepresidente del propio Lozada, Carlos Mesa, denunciaban la violencia.

La lucha por la justicia que han librado las familias ha sido larga y ardua, incluso en Bolivia. En octubre de 2004, el Congreso boliviano autorizó que se juzgaran las responsabilidades entre los cargos del Gobierno y los oficiales del ejército implicados en la matanza. El juicio empezó en 2009 y siete de los acusados fueron condenados a entre 3 y 15 años de cárcel. Sin embargo, Lozada y Berzain se han negado a comparecer ante la justicia. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha denegado una solicitud oficial de extradición presentada por el Gobierno boliviano en 2007, a pesar de que ambos países cuentan con un tratado de extradición en vigor.

La negativa del Gobierno estadounidense a respetar el proceso jurídico boliviano y los derechos de las familias a la justicia significa que el Gobierno estadounidense es cómplice de la impunidad y la injusticia. Los argumentos que esgrimen de que este caso está demasiado politizado como para garantizar un juicio justo son infundados, teniendo en cuenta el extremo rigor con que se ha tramitado el caso en Bolivia y el apoyo otorgado a la causa por políticos de todos los partidos, incluidos los de Lozada y Berzain. La negativa del Gobierno estadounidense también resulta profundamente hipócrita, especialmente cuando los Estados Unidos insisten en que otros Gobiernos extraditen a personas que han amenazado a los intereses de seguridad de su país, como Edward Snowden, ahora asilado en Rusia.

Lozada y Berzain tienen fuertes vínculos con círculos políticos, empresariales y académicos en los Estados Unidos que, sin duda, han desempeñado un papel a la hora de impedir su extradición. Lozada es un antiguo alumno de la Universidad de Chicago, cuenta con varias inversiones en los Estados Unidos e incluso contrató a asesores estadounidenses para que le ayudaran a ganar las elecciones en Bolivia en 2002. Sin embargo, estos importantes lazos políticos no deberían seguir garantizándoles la impunidad. Este octubre, todos los cargos de influencia en la administración estadounidense deberían escuchar más bien aquellas voces que suelen ignorarse, como las de los padres de Marlene Rojas o la de Teófilo Cerro, que tiene a su cargo a siete hijos, después de que su mujer, embarazada, fuera abatida a tiros.

No se puede permitir que la impunidad y la injusticia se sigan imponiendo. Por ese motivo, instamos a todas aquellas personas que tienen influencia –los medios, las asambleas y grupos de los Partidos en el Congreso, las organizaciones de derechos humanos, las universidades y los y las estudiantes– a solidarizarse este mes de octubre con las familias de la matanza en Bolivia y exigir la extradición de Lozada y Berzain.

Firmas