Contaminación, aguas residuales y el Río Rocha A propósito del debate y los horizontes\

il: 31 Ottobre 2013

Contaminación, aguas residuales y el Río Rocha

A propósito del debate y los horizontes

Mirando la política del Estado plurinacional de Bolivia y especificadamente la política local, es evidente que desde la gobernación de Cochabamba se impulsan acciones, come dice Ramiro Rios (jefe de la Unidad servicios básicos de la Gobernación de Cochabamba) sobre todo por la contaminación del río Rocha, ya que “El 70% de la población se concentra en el eje metropolitano de Cochabamba, […] nos interesa dar mayor énfasis a esta área que es la población que mayor descarga de aguas residuales genera.”

El Rio Rocha se ha trasformado en un basurero y registra niveles de contaminaciones que nunca se han vistos, por lo cual, el año 2012,

la Contraloría General del Estado (CGE) realizó un Informe sobre el desempeño ambiental respecto de los impactos negativos generados en el río Rocha[1]. En dicho informe se concluye que las instancias evaluadas no han respondido con ninguna medida de mitigación o lo han hecho de manera deficiente ya que el río se encontraría con un mayor nivel de degradación y contaminación[2].

El problema de la contaminación y degradación del Río Rocha se encontraría en las aguas que son vertidas en él en todos sus tramos y en donde, según autoridades de la Gobernación de Cochabamba, un 70% corresponde a las aguas residuales domésticas no tratadas[3] y en donde estarían involucrados directa e indirectamente varios municipios, sobre todo pertenecientes al llamado eje metropolitano y por lo que la CGE habría recomendado a éstos tomar las medidas necesarias bajo la aplicación del artículo 18 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado en el Decreto Supremo 23318, asimismo, el artículo 2do del Decreto Supremo 29820 para el inicio de los procesos administrativos internos.

La CGE realizó 44 recomendaciones a la Gobernación de Cochabamba, varios municipios y dos Entidades Prestadoras de Servicios de Agua potable y alcantarillado sanitario (EPSAs) de ese departamento -específicamente SEMAPA y EMAPAS de cercado y Sacaba respectivamente- con el fin de mitigar la contaminación y degradación del río Rocha, debido a los graves problemas que conlleva para la salud de la población en general y que tienen que ver con olores, consumo de vegetales regados con aguas contaminadas y de animales que beben y consumen productos regados con estas aguas[4].

Sin embargo los esfuerzos gubernamentales, el problema es más complejo y tiene que ver con varios factores que puede llevar a todos los esfuerzos a un fracaso. Punteemos, a continuación, algunos de los aspectos de mayor relevancia.

  1. 1.    Falta de coordinación de políticas, asignación de responsabilidades y normas

Para el tratamiento de aguas residuales en Bolivia existen varias normas, desde la Ley de Medio Ambiente (1333), pasando por la calidad de los efluentes expuestos en las Normativa Boliviana 512 sobre calidad del agua, hasta la Ley de Aguas (2066) y todo lo referente a la elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario y las EPSAs. Empero, el tema de tratamiento de aguas residuales deja en claro que muchas veces existe contradicción y/o falta de coordinación entre quienes desarrollan y ejecutan los proyectos concernientes a este rubro, ya que obvian, ignoran o deliberadamente pasan por alto procedimientos que respeten éstas normativas.

Si bien el Ministerio de Medio Ambiente y Agua tiene como misión desarrollar los planes y proyectos con un enfoque integral, en este caso del saneamiento, no existen políticas claras, como en caso de Cochabamba, que incluyan visiones generales del complejo de soluciones realizables. Probablemente, el primer esfuerzo serio a nivel país de aplicar un cierto grado de planificación en cuanto agua potable y alcantarillado sanitario es el proyecto de “Planes Maestros Metropolitanos de Agua y Saneamiento de la Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Valle central de Tarija (Bolivia)”[5] que realiza un estudio de identificación que permitiría desarrollar proyectos a diseño final en una etapa posterior, por lo que sus propuestas no son minuciosas, como es el caso del tratamiento de aguas residuales. Pese a este importante esfuerzo, quedan nomás al descubierto la falta de políticas públicas y el control, seguimiento y coordinación de las autoridades correspondientes con todos los actores involucrados para el cumplimiento de las normativas vigentes.

Entre las instituciones estatales de mayor relevancia estarían el Viceministerio de Saneamiento Básico y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) que tienen la tarea directa de normar y regular el sector del saneamiento básico. Por ejemplo, para la implementación de un proyecto de conexión de redes de alcantarillado sanitario de un sector X a un colector principal Z, éstas entidades deberían vigilar el cumplimiento del Desarrollo Comunitario para que los habitantes colindantes en donde se vayan a tratar las aguas estén en conocimiento y acuerdo con el proyecto, además, deberían de velar que el proyecto sea sostenible, controlando que exista una EPSA constituida y que el proyecto se encuentre en su respectiva área de concesión.

Mayor planificación, control, asignación concreta de actividades y responsabilidad de autoridades parece ser un factor primario cuando se trate de mitigar realmente el impacto ambiental, sobre todo en temas tan sensibles y tan poco discutidos con honestidad, compromiso con el medio ambiente y la salud pública como son el del saneamiento básico y el agua potable.

  1. 2.    Insuficiencia de los municipios y el ejemplo del desastre: Albarrancho

Dentro de los municipios que contaminan el río Rocha, existen aquellos que lo hacen de manera directa e indirecta, por lo que en el marco del eje metropolitano queda claro este aspecto[6]. Sin embargo, en muchas autoridades municipales existe una especie de actitud de querer mandar los problemas lejos, sin asumir su grado de responsabilidad en por lo menos tratar sus propias aguas residuales y no causar la contaminación que deriva en daños a la salud pública[7].

En Cochabamba, la única planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) es la de Albarrancho[8] que pertenece a SEMAPA, una EPSA cuya área de concesión es de Cercado. Esta PTAR ha colapsado, ya que según información del Gerente de SEMAPA, Ing. Barriga, recibe el doble de su capacidad, por lo que se está planificando ampliarla y crear dos nuevas plantas en la zona de Valverde[9]. Lo cierto es que esta planta ha tenido un tratamiento deficiente en, por lo menos, la última década, por lo que ha creado un daño ambiental serio en las zonas que la circundan y en el río Rocha. Albarrancho, lastimosamente, se ha convertido en parte del imaginario social de Cochabamba: la planta de tratamiento como precursora de un terrible daño ambiental.

Probablemente, que Albarrancho sea un desastre tienen que ver con falta de planificación, la falta de acciones oportunas y la falta de inversión en proyectos de mejoramiento, ampliación y, sobre todo, de descentralización de plantas de tratamiento de aguas residuales en correlación con el crecimiento urbano y la demanda de tratamiento.

En términos generales, queda evidente que los municipios desarrollen, además de una oportuna, razonable y responsable planificación sobre el tratamiento de aguas residuales, normativas especiales que se enmarquen dentro de las normativas departamentales y nacionales. Muchos municipios no sólo que no asumen la problemática de una manera correcta, sino que tienen problemas con sus direcciones de saneamiento básico que no cuentan con recursos, materiales, personal y, sobre todo, técnicos especialista con capacidad de gestión y con formación sobre las normativas correspondientes.

Por último, es necesario apuntar el hecho que algunos municipios no desarrollan correctamente políticas y acciones claras en tema de saneamiento básico porque algunos funcionarios, a veces por ignorancia y otras en absoluto conocimiento de causa, prefieren preservar su “popularidad electoral” que ejecutar campañas de concientización, información y corresponsabilidad con aquellos malos ciudadanos que se oponen irracionalmente a cualquier proyecto de saneamiento básico. Todo esto es parte del problema de contaminación del río Rocha.

  1. 3.    Corresponsabilidad, desde la casa

Bajo este entendido, de autoridades ediles sin compromiso y responsabilidad como un problema identificado, desde la Gobernación de Cochabamba, con el plan de recuperación del río Rocha, queda claro que los municipios del eje metropolitano y los colindantes con el río, deben ser los que desarrollen proyectos para tratar las aguas que se vierten en él[10]. Es de mención que la Gobernación ha estado trabajando desde hace un tiempo en impulsar, asesorar y apoyar a los municipios de Cochabamba en proyectos de saneamiento básico y agua. Sin embargo, esto no es suficiente.

Son pocos los municipios que asumen su grado de corresponsabilidad de manera franca, responsable y en tiempos razonables, no sólo porque existan autoridades competentes, sino porque existen personas, ciudadanos, que se oponen a cualquier proyecto. Resulta contradictorio que todos quieren alcantarillado, pero pocos entienden que para ello deban construir plantas de tratamiento.

Es evidente que estas actitudes son promovidas por un fuerte grado de desconocimiento sobre las tecnologías de las plantas de tratamiento y sus diferentes efectos en las áreas que les circundan, pero también, existe un irracional prejuicio a cualquier tipo de planta de tratamiento; debido, en el mejor de los casos, al mal ejemplo de Albarrancho y, en el peor de ellos, inspirados en preservar supuestamente el valor de su propiedad, en ambos casos, por lo general, son pequeños grupos que se imponen al bien común.

Queda claro que es necesario, para salvaguardar el río Rocha, pero también un cierto grado de equilibrio con el ciclo integral del agua en términos generales, que la misma población del eje metropolitano de Cochabamba, asuma un grado de corresponsabilidad sobre luchar contra la contaminación, sin este primer paso, no sólo las mezquindades se oponen al bien común, sino que se afecta directamente a las futuras generaciones. El cuidado de la madre tierra no puede ser si no se empieza en casa, de manera propositiva y constructiva, asumiendo un rol y no esperando que los “otros”, ya sea el gobierno o cualquiera, resuelva los problemas mágicamente.

  1. 4.    Prestadoras de servicio sin planificación y sin servicios

Otro actor, en términos genéricos, de coadyuvar directamente en las soluciones para la descontaminación, son las EPSAs. Sin embargo, en muchos casos existe, ya sea por parte de población o por sus mismos operadores, un desconocimiento del rol que tienen, lo que concluye en un incumplimiento en el respeto de las normativas sectoriales en general.

Un primer indicio es que no se respetan las áreas de concesión, esto tanto por las EPSAs grandes, como por las pequeñas. Muchas veces no se amplían los servicios, pese a que se amplían las ofertas con conexiones más allá de las áreas de concesión determinadas, lo que podría interpretarse como un hecho irresponsable o deliberado para la búsqueda de mayores ingresos. Un ejemplo claro es el de Albarrancho, que cada vez recibe las aguas de más y más conexiones domiciliarias e industriales, lo que no representa, por los menos en años pasados, que se hayan ampliando primero sus capacidades de tratamiento.

La planificación y la visión de futuro son muchas veces obviadas por muchas EPSA y esto es evidente en el eje metropolitano cochabambino. Aunque, es necesario también remarcar que para que una prestadora de servicio no cumpla con sus tareas deben existir por un lado, mala gestión de sus responsables y, por otro, desidia de sus usuarios que no cumplen su rol de fiscalización y control social y han dejado de ser actores para convertirse en sólo consumidores.

En términos legales e institucionales, se observa nomás la debilidad de la autoridad de fiscalización, la AAPS, que no parece actuar oportunamente, por ejemplo, en hacer cumplir a las EPSA las áreas de concesión, en sancionar las conexiones clandestinas, como ejemplo más grande, de sectores enteros que sin ningún escrúpulo se conectan sin más a SEMAPA en una especie de silencio cómplice por parte de sus autoridades municipales.

Por último, pero no menos importante, llama la atención el incumplimiento tácito de los procesos normados para la planificación y ejecución de proyectos de saneamiento básico, como por ejemplo con el desarrollo comunitario que resultó ser una conquista de la población para que no se ejecuten proyectos de manera vertical, pero que tanto algunos municipios, como varias EPSAs, obvian de los presupuestos y de las actividades realizadas, así, con el mal ejemplo -otra vez- de Albarancho, poco o nada saben los pobladores circundantes de nuevas conexiones o proyectos antojadizos que de manera directa o indirecta los afectan.

Es necesario, que quienes tienen la tarea de hacer que se cumplan las normativas y quienes son responsables de elaborar y ejecutar proyectos de saneamiento, así como los operadores de servicios, cumplan con los procedimientos y acciones establecidas de forma responsable y correcta.

  1. 5.    Gestión y responsabilidades compartidas: más allá de la privatización, la mezquindad y la ignorancia

Las grandes soluciones, como siempre en la historia, corresponden a asumir grados de corresponsabilidad, a tomar las soluciones en nuestras propias manos.

La lucha contra la privatización del agua y de los bienes comunes fue posible gracias a la unidad de la mayoría en contra de pequeños grupos de interés. Fue ir contra la mezquindad y la ignorancia, dejar de ser parte de una sociedad de usuarios-compradores, para volver a ser una comunidad, una sociedad.

En la guerra del agua del 2000, el pueblo unido ha demostrado su poder y fuerza. La lucha por la defensa de los bienes comunes ha movilizado a miles de mujeres, hombres, ancianos y niños, cuyas diferencias no han prevalecido sobre el poder de decidir cómo ellos quieren vivir. Una experiencia que no se puede olvidar y que debe ser un ejemplo para seguir desarrollando nuevas prospectivas y políticas que fortalezcan a los individuos como parte de una comunidad. Una idea que debería afectar tanto a nivel local como a nivel nacional y mundial, porque se está hablando de medioambiente, salud y vida.

“Pensar globalmente y actuar localmente” esto representa vivir mejor, vivir de otra manera, construir un mejor mundo para el futuro.

Asumir el reto de tratar las aguas residuales debe ser una acción colectiva producto de una discusión honesta bajo principios de solidaridad y responsabilidad ambiental en el marco de soluciones factibles, sostenibles y ecológicas.



[2] Ibid.